Dado que el Gobierno del Estado de México presentó una controversia constitucional en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía por no estar de acuerdo con las cifras del Censo de población y vivienda 2020, el diputado Waldo Fernández solicitó a la LXXVI Legislatura del Congreso exhortar Poder Ejecutivo del Estado a que informe si la suspensión dictada en la controversia 78/2021, representa una reducción en los recursos federales participables en Nuevo León, así como las medidas jurídicas que se están llevando a cabo y si se consideró un pasivo contingente para el paquete fiscal 2022.
El Diputado del Grupo Legislativo de Morena, solicitó además exhortar al Secretario de Finanzas y Tesorero del Estado, a que informe sobre el impacto que representa para las finanzas de Nuevo León el adeudo ante el SAT, por la omisión de no enterar el ISR retenido de los trabajadores del Estado en 2016 y si este crédito fue considerado como pasivo contingente en el paquete fiscal 2022.
En virtud de que se está analizando el presupuesto fiscal 2022, el diputado solicitó que se turne a la Comisión de Presupuesto para su revisión.
Al implicar una pérdida de 4 mil 328 millones de pesos el Estado de México promovió una controversia constitucional y ha logrado, hasta ahora una suspensión y solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a seguir calculando sus participaciones con los datos previos a los resultados del censo 2020. Lo anterior, implicaría una afectación a las otras entidades del país.
Por lo anterior, mencionó Waldo Fernández, es imperante saber si la suspensión tendrá impacto negativo en la repartición de los recursos federales de Nuevo León y demás entidades federativas, al considerar la importancia de los recursos públicos para poder prestar atención a los temas prioritarios del estado.
Por otro lado, el diputado calificó como importante que el tesorero Carlos Ibarra explique lo señalado en un medio sobre la presunta omisión de enterar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto sobre la Renta por salarios del gobierno, del Poder Judicial y tampoco del Legislativo. Solicitó que este asunto se turne a la Comisión de Presupuesto y si ellos consideran, citen al Secretario de Finanzas o le pidan la información respectiva.
