La investigación y persecución de los delitos son necesarias en todo Estado de Derecho que aspira a proteger y garantizar los derechos humanos.

Nuestro país entendió esto en 2014, cuando se tomó la decisión histórica de otorgar independencia y autonomía a la procuración de justicia. Así la Procuraduría General de la República, que dependía del Poder Ejecutivo, dejó de existir y nació la Fiscalía General de la República.

Con ella, las instancias federales y locales se transformaron en entes con garantías de independencia de permanencia transexenal y permitió que los ciudadanos y los Congresos intervinieran en la designación de sus titulares.

Sin embargo, en Nuevo León la autonomía vino acompañada de una falta de legislación sobre la remoción de los titulares de las fiscalías, elemento esencial para garantizar el funcionamiento de los máximos órganos de justicia. 

Es decir, en Nuevo León no existen lineamientos precisos que permitan la remoción de los fiscales en caso, por ejemplo, en caso de que no entreguen los resultados esperados o que éstos pierdan la confianza de los ciudadanos.

La autonomía no implica eximir a estos nuevos organismos de rendición de cuentas, responsabilidad en el actuar o que estén alejados de la vigilancia a quienes de manera democrática se designó como titulares de dichas dependencias.

Es necesario tener claro los procesos de designación y también de remoción porque sólo así podemos asegurar el buen funcionamiento de las instituciones esenciales de nuestro país y entidades federativas.

Imaginemos una empresa en donde no se pueda despedir a los empleados que incumplan con su labor, no estén capacitados para lograr las metas del proyecto o incurran en actos deshonestos. Parece inaceptable ¿no? Pues en Nuevo León los titulares de estas; la Fiscalía General de Justicia; la de Combate a la Corrupción y la de Delitos Electorales, están protegidos por las leyes locales que impiden que cualquier persona pueda solicitar la remoción de los mismos.

Es ilógico que si el ciudadano es quien vive día a día la afectación del sistema penal no tenga el derecho de manifestar su insatisfacción con el funcionamiento de sus instituciones de justicia. No es posible que ante la falta de resultados, corrupción, opacidad y franca ineptitud, los neoloneses no podamos remover a los fiscales a quienes por Ley elegimos de manera democrática. En el sistema de justicia cuando hablamos de casos no hablamos de números ni de abstracciones, hablamos de la vida de las personas, de su paz y su justicia; de su dignidad.

No podremos acabar con la impunidad, la corrupción y la indolencia si no creamos marcos legales que garanticen el buen funcionamiento de las Fiscalías.

Los neoleoneses nos merecemos a Fiscales preparados, honestos e incorruptibles y los merecemos ¡ya!