Es momento de hablar de la pena de muerte

Por Waldo Fernández

Tomó mucho más tiempo encontrar el cuerpo de la pequeña Ana Lizbeth Polina de 8 años de edad, que enterarnos sobre los antecedentes delictivos de su asesino, Juan Fernando R. que, por cierto, era buscado desde 2014, pero tras la indignación social que ocasionó dicho crimen, fue capturado en pocas horas.

Este delincuente y ex-policía estatal, a lo largo de su vida ya había sido procesado en tres ocasiones, una por lesiones y otras dos por abuso sexual de dos menores más, incluso había cumplido una sentencia en prisión, una pena privativa de la libertad que de nada sirvió, pues lo volvió a hacer y ahora además, incluyó el homicidio doloso en su lista de crímenes.

El caso de Ana es y seguirá siendo la punta del iceberg, pero cuántas familias lloran a sus muertos arrebatados por personas sin alma y sin escrúpulos, sobre todo por asesinos que nunca tendrán una readaptación social y que se insiste en seguir invirtiendo en ellos sin tener resultado alguno. En algunas ocasiones se encuentran a los delincuentes, pero en la mayoría  de los casos siguen libres y por supuesto cometiendo delitos cada vez más atroces.

Siguiendo este tipo de delitos, en el caso de feminicidios, existen más de 23 mil asesinadas en lo que va de la década, por lo que coloca a México con una tasa de las más altas de América Latina y lo dejan por debajo de los dos países más peligrosos del mundo, Honduras y el Salvador, de acuerdo al informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Por su parte el Instituto Nacional de Estadística, en su último informe sobre violencia de género dice que las mujeres son privadas de su vida con mayor saña y violencia.

Ahora bien, cuando los hechos de violencia escalan de esta manera, el primer instinto que se tiene como ciudadano es culpar a las Fuerzas Armadas, al sistema político, a la policía y al gobierno, exigiendo mejores resultados, sin embargo, cuando el delincuente  es detenido, juzgado y sentenciado, para la mayoría de los ciudadanos esto no es suficiente. Esto no quita el sufrimiento de las personas por encontrar a sus familiares asesinados de maneras inhumanas y darse cuenta que el culpable nunca se readaptará en esta sociedad y que cada día se vuelva más peligroso.

Es por esto, que cuando una niña de 8 años es secuestrada, abusada y asesinada, o como el caso de  Fátima Quintana del Estado de México, que con tan solo 12 años, fue violada, apuñalada, cercenada y fracturada, se hace necesario replantear estos temas que están latentes y lastiman cada vez más a nuestra sociedad a nivel nacional, me refiero a las penas corporales, específicamente a la pena de muerte.

Dentro de esta sociedad tan lastimada se han manejado conceptos como pena de muerte, castración química, cadena perpetua, por ejemplo, en los días previos al hallazgo del cuerpo de la pequeña Ana Lizbeth, los comentarios no sólo son realizados por los familiares de la víctima o la turba enardecida de las redes sociales, sino también están siendo debatidos por activistas sociales y académicos, por lo que no podemos abstraernos de esta situación.

Tengo muy claro que nuestra Constitución no nos permite aplicar la pena de muerte, especificado en el artículo 22 y que a la letra dice: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.

Pero me parece necesario replantearnos las siguientes preguntas, ¿será momento de modificar este artículo?, ¿será momento de proponer excepciones?, ¿será momento de ser más estrictos y duros con las penas para estos casos?; es evidente que hay individuos como Juan Fernando, que tienen pocas o nulas posibilidades de reinsertarse.

También estoy totalmente seguro que tenemos un sistema de justicia garantista, en el que se toman en cuenta los derechos humanos, así como un riguroso proceso para asegurar que la persona que está vinculada cuente con un trato justo y profesional, se realiza así para tener la certeza de la culpabilidad del individuo sobre una conducta delictiva antes de imponer una sentencia, pero también me queda claro que el sistema penal actúa conforme a lo que tiene en su marco jurídico.

Concluyo con otra pregunta, el Estado Mexicano en su conjunto y los ciudadanos a través de sus impuestos, ¿debemos estar manteniendo artificialmente a individuos que no tienen ninguna posibilidad de ser reinsertados en sociedad?

Me parece que ha llegado el momento de ponerlo sobre la mesa, iniciemos este debate de manera razonada y real, pero sobre todo con la premisa de que “una sociedad no puede vivir sin justicia y con impotencia”.  

WFG.

Por |2018-09-06T12:01:09+00:00julio 30th, 2018|Columna|Sin comentarios

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Waldo Fernández
Waldo Fernández González es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Tigre de corazón, tenaz y orgullosamente regiomontano.